La defensa del rigor en economía: las limitaciones de los libros de combate por Jordi Palafox

Pierre Cahuc y André Zylberberg
Le négationnisme économique et comment s’en débarrasser
París, Flammarion, 2016, 241 pp. 18 €

Revista de libros julio 2017

Para los autores de este libro, la Economía es una ciencia experimental. Por tanto, su análisis debe abordarse como en Física, Biología, Medicina o Climatología: desde la contrastación. Esta es la principal reivindicación del texto, reiterada una y otra vez. La insistencia deriva de que, en su opinión, la negativa a reconocerlo, resultado de la ignorancia, la ideología, la fe o los intereses de los grupos de presión, provoca, además de percepciones erróneas, consecuencias desastrosas. El negacionismo económico, como, con el evidente fin de atraer la atención sobre sus tesis, denominan Pierre Cahuc y André Zylberberg esta situación, sería el equivalente a la negativa a aceptar hechos y conocimientos históricos probados, como el genocidio judío durante la Segunda Guerra Mundial o el armenio entre 1914 y 1918.

Como acaba de indicarse, la difusión alcanzada por esas ideas erróneas no sólo conduce a percepciones erróneas por parte de los ciudadanos. Para Cahuc y Zylbelberg, economistas especializados en microeconomía y, de forma específica, en mercado de trabajo, la influencia en las políticas públicas de quienes no son economistas experimentales −leáse aquellos que publican en revistas de reconocido prestigio en el mundo académico− tiene graves consecuencias: «A nivel mundial, las políticas [económicas] basadas en ideas falsas se traducen en millones de parados, otros tantos de muertos, y el empobrecimiento de cientos de millones de personas» (p.12).

La obra, escrita con un evidente afán divulgador, se divide en siete capítulos más una provocadora introducción −en la que más de un lector pensará que se entra en el terreno de la exageración− y un breve epílogo. Tras la insistente reivindicación del carácter de ciencia experimental de la Economía en el primero, en los siguientes, y antes de resumir sus soluciones en el último de ellos, recogen los autores numerosos ejemplos para mostrar cómo el tipo de argumentación realizada sobre muchas cuestiones económicas no queda confirmada cuando, bien en Francia, bien en otras economías, ha sido sometida a contrastación.
Así, por ejemplo, en el segundo capítulo critican la inconsistencia de la lucha contra la pérdida de peso del sector industrial en el PIB de las economías avanzadas realizada por los grupos de presión industriales con la intención de justificar ayudas y subvenciones públicas. En el tercero se abordan las críticas al sistema financiero, convertido sin justificación razonada en el enemigo del crecimiento y el bienestar, y, en el cuarto, las implicaciones de tipos marginales fiscales elevados según los niveles de ingresos de las personas físicas. Tras lo cual, abordan en el siguiente los efectos de planes de gasto público muy heterogéneos (como ayudas del Gobierno federal a los condados estatales en Estados Unidos o las ayudas regionales en la Unión Europea), que equiparan al keynesianismo.

Sin duda, el más robusto es el sexto, dedicado a combatir la percepción social en dos temas controvertidos en Francia: los efectos negativos de la inmigración sobre el empleo y las consecuencias positivas sobre el mismo de la reducción de la jornada de trabajo. La contundencia del capítulo es resultado de varios factores. Por un lado, la especialización de los dos autores, cuyos trabajos de investigación se han centrado en temas que lindan con ambas cuestiones. Pero también interviene la abundancia de trabajos de investigación en donde, en situaciones diversas, se han contrastado las relaciones entre estas variables, contando con un grupo de control, un elemento esencial, según Cahuc y Zylberberg, del status de ciencia experimental de la economía.

Contra las simplificaciones

El texto se lee con facilidad y está repleto de referencias a investigaciones útiles para refutar convicciones intuitivamente atractivas, pero erróneas, compartidas por parte de la población y de las fuerzas políticas (no sólo francesas). Y en él se recuerdan también algunas de las mayores aberraciones históricas provocadas por el desprecio a los resultados de la experimentación, desde la genética proletaria de Trofim Lysenko a la manipulación de las tabaqueras estadounidenses sobre los efectos del tabaco en la salud. Aspectos sin duda interesantes, pero sin relación directa, de momento al menos, con fenómenos de similar calado en la economía actual.

Ahora bien, el principal objetivo del libro es combatir la aproximación a los temas económicos partiendo de la ideología, en tanto que creencia irracional, o de la confrontación política. Y, como contrapartida, reivindicar el rigor a la hora de afrontar cuestiones clave de la gestión pública en este terreno. Cahuc y Zylbelberg polemizan contra la influencia de un tipo de intelectual muy frecuente en el Hexágono, de formación heterogénea pero mayoritariamente de adscripción marxista. Este tipo de pensador se caracteriza por su capacidad para elaborar grandes análisis de la realidad, o de solución de sus problemas, carentes de cualquier tipo de contrastación.

Se trata de un fenómeno específicamente francés, aun cuando, desde el inicio de la Gran Recesión en 2008, hayan prosperado exponencialmente, aquí y allá, figuras que también pretenden, sin base factual que los apoye, haber descubierto la solución para casi todos los problemas económicos de trascendencia social. El libro, y sobre todo la forma en que los autores exponen sus tesis, debe ser considerado principalmente una réplica al intento de los autodenominados economistas heterodoxos, para quienes las críticas de los «economistas científicos» a las rigideces de la economía francesa constituyen, en última instancia, un pretexto encubierto para liberalizarla y privatizarla. Se trata de un numeroso grupo organizado en la AFEP (Association française d’économie politique), con una notable presencia en los medios de comunicación, que ha publicados dos manifiestos en 2010 y 2015 (Manifeste d’économistes atterrés), que tuvieron un impacto apreciable. El más reciente de ellos contiene, junto al diagnóstico de la situación, diez propuestas de solución a los problemas de la economía, entre ellas «limitar las transacciones financieras a las necesidades de la economía real» (tercera propuesta) o «desarrollar una política crediticia pública con tipos preferenciales para las actividades prioritarias desde el punto de vista social y medioambiental» (séptima propuesta).

Como se ha mencionado, este grupo ejerce una influencia notable en el país vecino. Lo demuestra el hecho de que en 2015 estuviera a punto de conseguir una sección específica de «Economía y Sociedad» en el seno del CNU (Conseil Nationale d’Universités) con el argumento de que era necesario garantizar la pluralidad de pensamiento frente al monopolio de «la economía ortodoxa». Para comprender la trascendencia de este hecho, cabe apuntar que sería un poco como si, en el caso de España, se creara un área de conocimiento específica en la investigación, docencia y promoción universitaria del pensamiento económico separada de la de economía. El intento no quedó enterrado hasta que Jean Tirole, premio Nobel de Economía en 2014, hizo pública una dura carta exigiendo rigor, lo cual provocó una más que notable controversia y una airada respuesta firmada por parte de los afectados. Es contra este grupo, en última instancia, contra quien va dirigido el alegato de Cahuc y Zylbelberg: contra los planteamientos de los firmantes del manifiesto À quoi servent les économistes s’ils disent tous la même chose?, también del año 2015.

Frente a ellos, su alternativa no deja de ser radical: otorgar en los debates sobre economía un papel exclusivo a los economistas científicos, esto es, a quienes publican en revistas reconocidas en los rankings internacionales. Lo cual les lleva a adoptar una posición extrema que, dada la ausencia de consenso en muchos temas y las controversias existentes dentro de la comunidad académica a que pertenecen (los diferentes contrastes no siempre ofrecen resultados iguales), debilita la argumentación. Su reivindicación se explicita con rotundidad en el capítulo séptimo, en el cual desgranan las medidas para eliminar las pésimas consecuencias de la influencia social de la pseudociencia; esos planteamientos y propuestas difundidas por quienes carecen del estatus de economista científico, incluidos grandes empresarios, filósofos o científicos que, siendo prestigiosos en su campo, no son economistas profesionales. Sería el caso del geoquímico – y también político− Claude Allègre.

Las propuestas defendidas son contundentes: los medios de comunicación deben abstenerse de acudir siempre a los mismos intervinientes, en especial si no tienen demostrada ninguna actividad de investigación publicada en las revistas especializadas de mayor prestigio (p. 210). Por el contrario, deben seleccionar a quienes figuran en IDEAS [un repertorio de publicaciones de economía en revistas académicas de prestigio reconocido, sustentada por el Banco de Reserva Federal de St. Louis]. Y no sólo: los medios de comunicación, a la hora de abordar un tema, deberían descartar a todos aquellos sin ninguna publicación sobre el mismo recogida en el repertorio que acaba de mencionarse en los cinco años inmediatamente anteriores. Y, además, «los periodistas deberían también solicitar sistemáticamente las referencias de los artículos en los cuales los investigadores se apoyan y reclamar que sean puestos a disposición de los lectores, oyentes o telespectadores vía Internet» (p. 210). No es poco cuando ellos mismos no cuentan con publicaciones en IDEAS sobre la mayoría de los aspectos que tratan en el libro.

no hay atajos

Aun escrito con apresuramiento, el texto contiene cosas positivas, que hay que valorar teniendo en cuenta la violencia del debate que se ha producido en Francia. Pero el libro acusa también visibles incoherencias, cuando no contradicciones. Que los mismos autores incumplan sus exigencias es una entre otras, y no la más destacable.

Los ejemplos que podrían mencionarse son demasiado numerosos para siquiera enumerarlos. Pero cabe mencionar algunos como soporte de esta apreciación. En general, sorprende su restringida definición de la ciencia económica. No es necesario ser un experto en historia de la economía para saber que esta no admite simplificaciones. Por ello resulta, como poco, arriesgado identificarla, sin más, con el uso del método científico. Y más entendiendo por éste exclusivamente el que compara los resultados de la contrastación entre dos grupos: el estudiado y el de control (p.14). En su acepción más frecuente, el método científico suele asociarse a una forma de investigar basada en la observación sistemática, medición y experimentación para formular, contrastar y modificar hipótesis, exista o no el grupo de control reivindicado aquí como condición necesaria. Y ni siquiera, a no ser que pretenda excluirse de la ciencia todas las aportaciones teóricas, como, por no mencionar las de la economía, los bosones de Higgs formulados en 1964, pero no verificados hasta 2013.

Pero, además, la sorpresa por el desarrollo de la argumentación aumenta cuando, tras ello, se incluyen, una tras otra, referencias a investigaciones en las que ese grupo de control, en el sentido exigido por los autores, no existe, o cuando se generaliza la validez de los resultados a partir de estudios puntuales de discutible validez general. Es el caso, en relación con lo primero, del efecto de las variaciones en la fiscalidad en Estados Unidos sobre el PIB (p. 114), o del impacto sobre éste de las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (p. 143). Y es muestra de lo segundo el efecto de fiscalidad en la movilidad de los jugadores de fútbol como exponentes de receptores de rentas altas (p.115), o la decisión de medir la eficiencia de un impuesto sobre las transacciones financieras a partir de un estudio sobre la Bolsa de Hong Kong (p. 98).

Nada de lo que se ha objetado resta méritos a la exigencia de mayor solidez en los planteamientos para afrontar la lucha contra el desempleo, la política industrial, el impacto del déficit o la viabilidad de las políticas sociales, por mencionar cuatro campos de confrontación política en Francia. Pero no deja de ser reseñable que, en un combate contra las simplificaciones y las conclusiones obtenidas desde el desprecio a los resultados de la investigación, se caiga tan a menudo en inconsistencias de carácter similar, aunque de signo diferente, a aquellas que se pretende combatir.

Jordi Palafox es catedrático jubilado de Historia e Instituciones Económicas. Su último libro es Cuatro vientos en contra. El porvenir económico de España, Barcelona, Pasado y Presente, 2017.

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Los parados invisibles

Los parados de larga duración son el grupo más afectado por la recesión. Sin embargo, no parecen preocupar lo más mínimo

23/07/2017 – Valenciaplaza
No hay semana en que la situación laboral de los jóvenes no sea objeto de atención. Puede ser con motivo de una medida del gobierno, como ha sucedido hace poco con la vaga ayuda para [algunos de] los ninis; de una encuesta sobre sus dificultades para independizarse, (la última -de momento- la del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud), o de la publicación de nueva información estadística que refleja cómo les ha afectado la devaluación salarial. El hecho es que no abandonan su protagonismo en los titulares de los medios de comunicación. Casi siempre para mostrarlos como los grandes, en muchas ocasiones únicos, perdedores de la crisis.

Nadie niega el deterioro laboral que han soportado ni su precaria situación en España (no en los países más avanzados por mucho que se intente generalizar su situación). Pero los jóvenes no son los únicos afectados de manera dramática por una economía con graves carencias como la española. Los parados de larga duración, aquellos que llevan más de un año buscando empleo sin encontrarlo y en muchos casos dos y tres años sin él, están en una situación incluso peor y se enfrentan a unas perspectivas de futuro más negras. Sin embargo, a pesar de ser muchos más, (la mitad de todos los parados) la atención que reciben es infinitamente menor. Y en ocasiones se habla de ellos para proponer vagas e ilusorias medidas como la renta garantizada que parece defender el nuevo equipo dirigente del PSOE.

No faltan referencias a ellos ni investigaciones sobre su situación. Sin embargo, comparativamente son muchas menos y menos detalladas. Y, sobre todo, la percepción social, al menos la publicada, acerca de la gravedad de las situaciones que pueden afectar a los integrantes de este colectivo es infinitamente inferior. Una laguna que determina su casi total invisibilidad cuando son uno de cada dos de los más de cuatro millones de parados. En la última EPA superan los 2,3 millones, casi el doble de los parados menores de 29 años. Más del 10% de ellos, 274.000, residen en la Comunidad Valenciana.

El gráfico siguiente recoge el rápido y destacado aumento de estos desocupados en los últimos años y su lenta reducción con la recuperación del empleo desde 2015. A lo cual se podría añadir, que dentro de ellos, los jóvenes (hasta 25 años) han venido reduciendo su peso de manera sostenida mientras los mayores de 45 años lo han aumentado. Otro rasgo preocupante es que la mayoría de ellos, llevan dos años, o más, buscando empleo sin encontrarlo: casi tres cuartas partes del total, o más de millón y medio de personas (210.000 en la Comunidad Valenciana). Por desgracia el INE no publica información desglosada para precisar cuántos años por encima de dos llevan sin encontrar trabajo este grupo de desocupados.


Su persistencia, según los expertos, es una de las pistas más alarmantes del mercado de trabajo en España: la existencia de un colectivo cuyas cualificaciones laborales carecen de demanda. Lo cual se agrava al estar demostrado que cuando las tasas de contratación permanecen bajas por un período dilatado, quienes han perdido el empleo tienen mayor riesgo de seguir desempleados. En otras palabras, estos parados tienen una elevada probabilidad de quedar fuera del empleo por mucho tiempo.

Esta explicación no es contradictoria con otra todavía más inquietante desde la perspectiva social. Porque cuando la creación de empleo se concentra en el de baja cualificación, parece razonable preguntarse si no hay otras variables sociales o motivacionales a considerar (también de la normativa de contratos vigente). Ello, al margen de que si la razón principal de la lenta absorción de esa bolsa de parados son las lagunas en las habilidades profesionales de sus integrantes, la pregunta inmediata es por qué no se articulan planes de choque para superarlas, en lugar de medidas puramente cosméticas en muchos casos por parte de las CCAA, las que tienen esta competencias, tan ágiles y contundentes a la hora de defender su ineficiente monopolio público en este terreno.

A lo anterior, se suma otro elemento más para sugerir que las carencias formativas no son toda la explicación. Al inicio de la crisis, la mayor parte de estos parados eran mayores de 45 años, una edad temprana para ver finalizada la vida laboral cuando la esperanza de vida supera los 80 años, (85 en el caso de las mujeres). Sin embargo, hoy los parados de más de dos años están presenten es todos los grupos de edad. Por ejemplo, quienes llevan buscando empleo más de 24 meses con edades entre 25 y 44 años, son una cifra similar a la de los mayores de esa edad. Seguramente porque una parte de éstos últimos han pasado a estar sin empleo tres, cuatro o, incluso, más años.

El gráfico siguiente refleja cómo este tipo de parados no se concentra ya en los activos más mayores.


No cabe descartar, por tanto, que para explicar la situación de estos invisibles deba acudirse al aumento de la exclusión social (además de laboral). La crisis se ha cebado en España en los grupos de menores ingresos que en gran parte coinciden con los de menor cualificación. Esta polarización puede haber dejado en los lindes de la marginación social a gran parte de estos parados. Un fenómeno invisible de momento para el resto de la sociedad, porque el grado de segmentación existente, a modo de múltiples “sociedades” que ni se relacionan ni se perciben entre ellas, oculta los problemas que afectan a los englobados en el polo con menor capacidad para hacerse oír.

Por tanto, su invisibilidad no debiera ni descartar la existencia de una inmensa bolsa de excluidos ni infravalorar sus potenciales consecuencias negativas sobre la cohesión social. Si una parte apreciable de los miembros de ese numeroso grupo no está siendo contratado cuando la mayor parte de los empleos creados requieren un nivel de cualificación muy modesto, es probable que una proporción elevada de ellos, y de manera destacada los menos preparados/motivados y de mayor edad, no vuelvan a trabajar de manera continuada y retribuida el resto de su vida. Pero no sólo: de consolidarse una bolsa de parados de larga duración de esas proporciones, el crecimiento de la marginación social y sus consecuencias no permanecerán imperceptibles para el resto de la sociedad indefinidamente. Quizá entonces, cuando no haya solución, se intentará buscarla.

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Palafox: “España corre el riesgo de que el empleo no crezca” El País 21/07/2017

El catedrático Jordi Palafox en el estudio de su casa, en Valencia. MONICA TORRES

MANUEL V. GÓMEZ  Madrid 20 JUL 2017 – 20:19 CEST

Si España se ha aprovechado de la fuerza de varios vientos de cola para salir de la doble recesión en el plazo corto (precio del petróleo, bajos tipos de interés y un tipo de cambio euro/dólar favorable), en el tiempo largo, este catedrático de Historia e Instituciones Económicas de Universidad de Valencia ya jubilado encuentra que hay cuatro vientos que soplan en contra. “China, que no es un país más, un mercado de 1.500 millones”, es el primero. El segundo lo resume así: “El mundo ha cambiado porque el mercado global es completamente distinto y la sociedad española no está a la altura”.

El ensayo, una categoría en la que Palafox encuadra su libro para advertir de que “tiene ventajas y desventajas”, apunta otros dos vientos, los que soplan de dentro: la falta de formación de la población activa —de toda, de trabajadores y de empresarios— y las instituciones, “ahí tenemos unos grupos de presión que son claramente beneficiarios de la situación actual”. Una versión española y resumida, esta última parte, de las instituciones inclusivas o extractivas teorizadas por Daron Acemoglu y James A. Robinson.

Sin dar soluciones, este profesor llama la atención sobre estos obstáculos que lleva a que “se esté creando empleo de las mismas características que antes de la recesión, antes de que se pusiera de manifiesto que así no se mejora el bienestar de los ciudadanos, y esto se va a acelerar en el futuro”, a no ser que los vientos proteccionistas “provoquen un descalabro total de la economía mundial”. Cambiar la dinámica de trabajo precario y frágil se antoja vital, porque él es de los convencidos de que con la revolución tecnológica el empleo va a crecer: “Pasó en la revolución industrial, también hubo protestas acerca de la desaparición del empleo. Y luego, en la segunda revolución industrial, Europa pasó una crisis muy notable: la gente no tenía empleo y tenía que emigrar”.

Pero partiendo de la historia, de un tiempo más largo que la última cifra divulgada sobre el mercado de trabajo, Palafox advierte de que “estas grandes transformaciones del planeta significan que el empleo crece en unas partes y no en otras. Y España debe tener presente que puede ser una de las partes en que no crezca. Todavía faltan más de dos millones de empleos para volver al nivel que teníamos antes de la crisis. Entonces nos dicen que la revolución digital va a destruir empleo, pero hay países en que ha crecido y ha crecido bastante. Alemania, por ejemplo. En España tenemos un 18% menos de empleo que 2008. En Reino Unido se han creado 1,7 millones de empleos. En Alemania 2,9 millones en relación con 2008”.

Durante la conversación telefónica, este profesor alude a en reiteradas ocasiones a uno de los males del mercado laboral español: la baja productividad. No encuentra la causa, pero sí recurre a sus propias investigaciones para apuntar que viene de largo. “Aquí solo se preocupan de que trabajemos muchas horas, pero no de estar a la última en cuestiones del mecanismo”, cita, haciendo suyas unas palabras de un obrero textil de hace un siglo en las que venía a lamentar la falta de inversiones en lo que hoy se llama de forma mucho más sofisticada… e ininteligible (I+D+i).

Palafox señala con hiriente mesura que España está haciendo “una pasiva adaptación a la realidad mundial”. ¿Por qué? Porque es verdad que las exportaciones están creciendo, pero otros países “se han integrado mejor apropiándose de mayor parte del valor añadido en ese nuevo marco mundial”.

Esto, apunta el ensayo prorrogado por Josep Fontana, está relacionado con la falta de empresas transnacionales que sean la cabeza de cadenas de producción mundiales en las que “el empleo puede estar en un país y el valor añadido en otro”. Y ahí lo ejemplifica con una industria {como la del automóvil), que recibe aplausos recurrentes por su capacidad exportadora: “Solo el 54% [del volumen total de exportación] es valor añadido español. El resto es producto previamente importado. En Alemania y Francia son más bajas”.

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America First and Ivanka Trump Inc.: nothing in common

While President Trump has chastised companies for outsourcing jobs overseas, an examination by The Washington Post has revealed the extent to which Ivanka Trump’s company relies exclusively on foreign factories in countries such as Bangladesh, Indonesia and China, where low-wage laborers have limited ability to advocate for themselves.

And while Ivanka Trump published a book this spring declaring that improving the lives of working women is “my life’s mission,” The Post found that her company lags behind many in the apparel industry when it comes to monitoring the treatment of the largely female workforce employed in factories around the world.

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